SANTO DOMINGO. – El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, advirtió que el desvío de fondos públicos no debe analizarse únicamente como un problema financiero, sino como un mal social que impacta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.
A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el magistrado planteó una serie de reflexiones críticas que buscan dimensionar el daño real que la corrupción causa en el país. Camacho subrayó que este fenómeno no es un concepto aislado, sino una realidad con costos sociales profundos.
La corrupción plantea preguntas urgentes: ¿Cuánto cuesta? ¿Qué implica perseguirla? ¿Cuántas víctimas deja? ¿Cómo afecta las vidas de las personas?
— Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) December 21, 2025
Vivir libres de corrupción debe considerarse un derecho humano, tan esencial como vivir sin violencia y en un ambiente sano.
Las preguntas que invitan a la reflexión El procurador adjunto cuestionó de manera directa la naturaleza de este flagelo, instando a la sociedad a evaluar los siguientes puntos:
- ¿Cuál es el costo real de la corrupción para el Estado?
- ¿Qué sacrificios implica su persecución judicial?
- ¿Cuántas víctimas directas e indirectas deja este delito?
- ¿Cómo se traduce la falta de recursos en el deterioro de los servicios públicos?
Un enfoque en los derechos fundamentales Para Camacho, la corrupción trasciende lo económico y se convierte en una barrera que vulnera los derechos fundamentales. El magistrado señaló que la malversación de fondos incide en las condiciones de vida de la ciudadanía, afectando áreas críticas como la salud, la educación y la seguridad, lo que convierte a cada contribuyente en una víctima del sistema corrupto.
Este pronunciamiento reafirma la postura del Ministerio Público en su lucha por no solo recuperar lo robado, sino también por visibilizar el daño humano que el enriquecimiento ilícito provoca en la estructura social dominicana.