Washington D.C.– En un movimiento que redefine la política migratoria de los Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump anunció la suspensión del procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La medida, confirmada por el Departamento de Estado, incluye a potencias como Rusia e Irán, y afecta significativamente a varios países de América Latina.
Países afectados en la región
Aunque el listado completo no ha sido divulgado oficialmente por el Gobierno, filtraciones obtenidas por la cadena Fox News señalan que entre las naciones latinoamericanas y del Caribe afectadas se encuentran:
- Colombia, Brasil y Uruguay.
- Cuba, Nicaragua y Guatemala.
- Haití.
A nivel global, la restricción también alcanza a ciudadanos de Afganistán, Egipto, Irak, Marruecos, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen, entre otros.
Fecha clave y alcance de la medida
La pausa en los trámites comenzará el próximo 21 de enero de 2026 y se mantendrá de forma indefinida. Durante este periodo, el Departamento de Estado llevará a cabo una reevaluación de los protocolos de verificación de antecedentes y seguridad.
Es fundamental aclarar que esta suspensión solo afecta a los visados de inmigración (aquellos que buscan la residencia permanente o «Green Card»). Los visados de no inmigrante, que incluyen categorías de turismo, estudios o trabajos temporales, continuarán procesándose de manera regular y no están sujetos a esta nueva orden.
El argumento de la «Carga Pública»
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, justificó la decisión señalando que el objetivo principal es proteger el sistema de bienestar social de EE. UU. El gobierno busca impedir la entrada de extranjeros que tengan una alta probabilidad de depender de beneficios públicos o asistencia estatal.
Bajo las nuevas guías consulares, los funcionarios ahora tienen la facultad de rechazar solicitudes basándose en un análisis riguroso de la situación financiera del aplicante, su estado de salud, edad y dominio del idioma inglés. Esta política refuerza la línea dura de la administración Trump contra lo que denominan «carga pública».